FGR cita a Rocha Moya y Maru Campos por investigaciones
La Fiscalía General de la República citó a Rubén Rocha Moya y a María Eugenia Campos para rendir entrevistas ministeriales en dos investigaciones distintas. Gobernación afirmó que se trata de actuaciones de carácter procedimental y sin motivación política.
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó citatorios para que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, comparezcan ante el Ministerio Público Federal dentro de investigaciones distintas relacionadas con presuntos delitos señalados por autoridades estadounidenses y con un operativo antinarcóticos en el norte del país.
De acuerdo con la fiscalía, ambas diligencias forman parte de procedimientos ministeriales encaminados a avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las indagatorias abiertas por las autoridades federales mexicanas.
FGR llama a declarar a Rocha Moya
La dependencia federal informó que Rubén Rocha Moya fue citado a “rendir entrevista” tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos, que lo vinculan con presuntos sobornos provenientes del cártel de Sinaloa.
Según la información difundida por la FGR, el citatorio forma parte de las actuaciones derivadas de las imputaciones dadas a conocer por el gobierno estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En ese expediente, autoridades de Estados Unidos señalaron a Rocha Moya y a otros ex funcionarios sinaloenses de supuestamente haber recibido recursos ilícitos a cambio de proteger operaciones delictivas del grupo criminal.
Funcionarios incluidos en la acusación de Estados Unidos
La causa judicial presentada en territorio estadounidense incluye también al senador Enrique Inzunza Cázarez; al ex vicefiscal estatal Dámaso Castro; así como a Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, quienes anteriormente ocuparon cargos dentro de la Policía de Investigación.
La lista mencionada por las autoridades estadounidenses también integra a José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía estatal, y a Juan Valenzuela Millán, identificado como mando de la Policía Municipal de Culiacán.
Asimismo, fueron señalados los ex secretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, respectivamente.
Solicitudes de extradición y postura de México
El caso tomó relevancia pública el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre órdenes de aprehensión emitidas por una corte federal estadounidense contra varios de los señalados.
Además de las acusaciones, el gobierno estadounidense solicitó al Estado mexicano la detención provisional de los involucrados con fines de extradición.
Frente a ello, las autoridades mexicanas solicitaron información adicional para acreditar la presunta comisión de delitos por parte de los funcionarios mencionados.
La FGR precisó que el objetivo de las entrevistas ministeriales es integrar mayores elementos a las investigaciones abiertas en territorio nacional.
Gobernación descarta motivaciones políticas
Tras darse a conocer los citatorios, la Secretaría de Gobernación emitió una aclaración sobre el alcance de las comparecencias.
La dependencia sostuvo que las notificaciones dirigidas a autoridades de Sinaloa y Chihuahua forman parte de “un asunto de procedimiento” dentro de las investigaciones ministeriales.
Gobernación también aseguró que las diligencias se realizan con fundamento legal y afirmó que no existe “interés político” detrás de las actuaciones emprendidas por la fiscalía.
Maru Campos comparecerá como testigo
En un expediente distinto, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue llamada por la FGR para comparecer en calidad de testigo.
La investigación federal se relaciona con un operativo antinarcóticos realizado en la Sierra del Pinal, Chihuahua, durante los días 17 y 18 de abril, en el que presuntamente participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
La fiscalía abrió una carpeta por posibles delitos contra la seguridad nacional debido a la participación de personal extranjero en esas acciones.
Investigación por presencia de agentes de la CIA
De acuerdo con la FGR, alrededor de 50 funcionarios han sido citados a declarar dentro de la investigación relacionada con el operativo desarrollado en territorio chihuahuense.
La dependencia señaló que tanto la mandataria estatal como el ex fiscal general de Justicia de Chihuahua deberán acudir para que se les recabe entrevista ministerial orientada al esclarecimiento de los hechos.
En el oficio enviado a María Eugenia Campos se especifica que su comparecencia será “en calidad de testigo”.
Contexto y consecuencias de ambos casos
Las investigaciones abiertas por la FGR ocurren en un contexto de creciente cooperación y tensión entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y seguridad fronteriza.
El caso de Sinaloa adquirió relevancia política debido a que involucra a funcionarios y ex funcionarios de alto nivel señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En paralelo, la investigación relacionada con Chihuahua pone el foco en la actuación de agentes extranjeros dentro de operativos realizados en territorio mexicano, un tema que históricamente ha generado debate sobre soberanía y coordinación bilateral en seguridad.
La FGR sostuvo que las diligencias buscan fortalecer las indagatorias y esclarecer responsabilidades conforme a los procedimientos legales vigentes.
