Junta de Aguas: denuncian cobros abusivos y cortes

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento volvió a colocarse en el centro del debate público tras las denuncias presentadas en el podcast Detrás del Poder, donde los conductores Gerardo Huerta y Martín Aguilar señalaron presuntos cobros irregulares, cortes de agua y posibles abusos institucionales relacionados con propiedades en litigio.

Durante el episodio transmitido el 23 de mayo, ambos afirmaron que varios ciudadanos han tenido que llevar sus casos hasta la Ciudad de México debido a que, según sostienen, autoridades locales y estatales no han resuelto diversas denuncias relacionadas con servicios públicos, fiscalías y procesos judiciales.

Señalamientos contra la Junta de Aguas

Uno de los ejes principales del programa fue la crítica directa hacia la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, institución a la que acusaron de generar adeudos elevados y realizar cobros “al tanteo”, incluso en casos donde, aseguran, no existen medidores claros o consumo comprobable.

Martín Aguilar afirmó durante el podcast que han detectado situaciones donde ciudadanos reciben incrementos considerables en sus adeudos de un mes a otro. Según relató, algunas personas han pasado de deber alrededor de 15 mil pesos a montos cercanos a 60 mil pesos, situación que calificó como irregular.

Los conductores también cuestionaron la colocación de anuncios relacionados con procesos de embargo derivados de adeudos por agua, argumentando que algunos cobros no corresponderían al consumo real.

El derecho al agua como eje del conflicto

Otro de los puntos centrales del episodio fue la discusión sobre el acceso al agua como un derecho constitucional.

Martín Aguilar sostuvo que el agua está vinculada directamente con el derecho a la vida y aseguró que, incluso en contextos de conflicto legal sobre propiedades, no debería suspenderse el suministro de manera arbitraria.

Durante la conversación se mencionaron casos donde personas que habitan inmuebles en litigio habrían sufrido cortes de agua y drenaje mientras continúan procesos judiciales relacionados con la posesión de las viviendas. Según explicaron, esa situación podría convertirse en una forma de presión indirecta contra quienes permanecen dentro de los inmuebles.

Propiedades en litigio y presunto contubernio

El podcast también abordó supuestos vínculos entre representantes inmobiliarios y personal relacionado con organismos públicos.

Gerardo Huerta relató un caso donde, según dijo, personas vinculadas a inmobiliarias detectan casas solas, invadidas o sujetas a litigio y posteriormente habría coordinación para solicitar cortes de agua o drenaje.

La acusación planteada en el programa apunta a que algunos servicios públicos podrían utilizarse como herramienta de presión para acelerar desalojos o forzar salidas antes de que exista una resolución judicial definitiva.

Los conductores insistieron en que este tipo de prácticas representarían un problema mayor porque, a su juicio, el conflicto dejaría de ser únicamente administrativo y pasaría a involucrar un posible uso indebido del poder público.

Diferencia entre posesión y propiedad

En uno de los segmentos más extensos del episodio, Martín Aguilar explicó aspectos legales relacionados con la posesión y la propiedad de inmuebles.

El abogado aclaró que pagar servicios como agua, luz, gas o teléfono no convierte automáticamente a una persona en propietaria de una vivienda. Según explicó, para reclamar derechos sobre un inmueble deben acreditarse elementos como posesión continua, tiempo de ocupación, actos de dominio, testigos y otros requisitos previstos por la ley.

También mencionó que existen distintos plazos legales relacionados con la prescripción adquisitiva, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso, incluyendo periodos de 5, 10, 15 o 20 años.

Casos llevados hasta Ciudad de México

Los conductores aseguraron que, ante la falta de respuesta local, realizaron gestiones directamente en la capital del país.

Martín Aguilar afirmó que presentaron escritos y solicitudes ante instancias federales, incluida la Presidencia de la República, para denunciar actuaciones relacionadas con la Junta de Aguas, la Comisión Federal de Electricidad, fiscalías y otros organismos.

Según explicaron, la intención fue solicitar intervención federal ante lo que consideran omisiones o irregularidades por parte de autoridades estatales y municipales.

Además de los temas relacionados con el agua, el episodio también incluyó críticas hacia fiscalías, juzgados y organismos públicos, así como cuestionamientos sobre procesos de amparo y resoluciones judiciales.

Críticas al sistema institucional

El podcast amplió el debate hacia otros temas políticos y administrativos en Chihuahua.

Durante la conversación se mencionaron críticas a autoridades estatales, al Poder Judicial y a dependencias encargadas de impartir justicia. Los conductores sostuvieron que muchos ciudadanos terminan enfrentando procesos largos y complejos debido a la falta de actuación de distintas instituciones.

También insistieron en la necesidad de que la población conozca mejor sus derechos legales y documente cualquier posible abuso institucional.

Educación legal y financiera

Hacia el cierre del episodio, Gerardo Huerta adelantó la intención de abrir una nueva línea de contenido enfocada en educación financiera bajo el concepto de “finanzas para no financieros”.

La propuesta busca explicar temas como activos, pasivos, deudas, gastos e inversión con un lenguaje sencillo para ayudar a las personas a comprender mejor cómo administrar sus ingresos y evitar problemas financieros.

Los conductores señalaron que muchas personas enfrentan dificultades económicas por falta de información y por decisiones relacionadas con endeudamiento o consumo.

Contexto y consecuencias

El episodio de Detrás del Poder plantea una narrativa centrada en la desconfianza ciudadana hacia diversas instituciones públicas y en la percepción de que muchos conflictos administrativos terminan escalando a problemas legales y sociales más profundos.

Las denuncias relacionadas con la Junta de Aguas, los cortes de servicio y los procesos de litigio reflejan un debate que combina derechos fundamentales, propiedad privada, acceso a servicios básicos y funcionamiento institucional.

El programa también insiste en que los ciudadanos deben documentar irregularidades, acudir a vías legales y buscar asesoría profesional antes de actuar en conflictos relacionados con propiedades o servicios públicos.

Hasta ahora, las acusaciones expuestas en el podcast forman parte de los señalamientos realizados por sus conductores y de las gestiones legales que aseguran haber presentado ante distintas instancias.

El episodio dejó como mensaje central que, frente a conflictos relacionados con servicios públicos, propiedad y procesos legales, los ciudadanos deben conocer mejor sus derechos y recurrir a mecanismos formales de defensa.