La iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia de Sinaloa promovida por Rubén Rocha Moya ha provocado un choque entre el Congreso estatal y organizaciones civiles que alertan sobre un posible debilitamiento del acceso a la información pública. La propuesta fue enviada por el mandatario dos semanas antes de solicitar licencia temporal como gobernador, en medio de señalamientos de autoridades estadounidenses que lo vinculan, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, con la facción criminal de Los Chapitos.
Diversos colectivos aseguran que el proyecto amplía de manera considerable las facultades del Gobierno para clasificar información como reservada y reduce mecanismos de control ciudadano sobre las instituciones públicas.
Organizaciones civiles denuncian un retroceso
La discusión legislativa ocurre en un Congreso dominado por Morena y sus aliados, situación que, según agrupaciones civiles, ha limitado un debate más amplio sobre el contenido de la reforma.
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (Recias), integrada por seis organizaciones civiles y empresariales, expresó un rechazo frontal a la iniciativa. El colectivo sostuvo que la propuesta no fortalece el derecho de acceso a la información y, por el contrario, introduce cambios que reducen garantías para la ciudadanía.
Según el posicionamiento de Recias, la reforma contiene “eliminaciones, omisiones y rediseños institucionales” que afectan el sistema estatal de transparencia. Además, criticó que el Congreso no haya incorporado otras propuestas, entre ellas las planteadas por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
Acusan falta de discusión pública
Las organizaciones señalaron que el Poder Legislativo pretende aprobar la iniciativa sin abrir un proceso amplio de consulta ni análisis técnico independiente.
Entre las principales preocupaciones se encuentra el incremento de facultades discrecionales para negar información pública. De acuerdo con los colectivos, las nuevas disposiciones permitirían a las dependencias reservar datos argumentando razones de “seguridad nacional”, “estabilidad financiera”, “estudios o proyectos del Estado” e incluso “interés público”.
Para los críticos, estos conceptos son demasiado amplios y podrían utilizarse para restringir información relevante sobre decisiones gubernamentales.
El contexto político y judicial en Sinaloa
La reforma llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno estatal. Autoridades de Estados Unidos señalaron a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntamente proteger a integrantes del Cartel de Sinaloa, particularmente a la facción conocida como Los Chapitos.
El expediente del Departamento de Justicia estadounidense sostiene que los acusados habrían proporcionado información sobre operativos oficiales a organizaciones criminales a cambio de sobornos millonarios.
Funcionarios ya fueron entregados a la justicia estadounidense
Entre los señalados se encuentran Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y de Finanzas, respectivamente. Ambos se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses hace una semana.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a los involucrados para entrevistas ministeriales, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de manera preventiva sus cuentas bancarias.
En ese contexto, organizaciones civiles consideran que la iniciativa de transparencia podría dificultar el acceso ciudadano a información relacionada con investigaciones administrativas, judiciales o financieras vinculadas con los funcionarios señalados.
Qué cambia la iniciativa de transparencia
Uno de los puntos más cuestionados de la reforma es la ampliación de las causales para clasificar información como reservada o confidencial.
La iniciativa establece que las dependencias podrán negar información si consideran que su difusión afecta la seguridad nacional, procesos judiciales, estabilidad financiera o investigaciones en curso.
También incorpora nuevas categorías de confidencialidad relacionadas con denuncias administrativas y procedimientos abiertos contra servidores públicos o particulares, incluso cuando no exista una resolución definitiva.
Mayor margen para ocultar información
Las organizaciones civiles advirtieron que estos cambios incrementan el margen de discrecionalidad gubernamental para restringir datos de interés público, especialmente aquellos relacionados con rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Según los colectivos, la propuesta impediría conocer detalles sobre procesos administrativos o jurídicos relacionados con Rubén Rocha Moya y otros funcionarios investigados.
Entre los delitos mencionados en las acusaciones estadounidenses aparecen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración relacionada con armamento.
Eliminación de mecanismos de vigilancia
La iniciativa también contempla modificaciones estructurales al sistema estatal de transparencia.
Uno de los cambios consiste en eliminar el Consejo Consultivo, órgano encargado de emitir opiniones no vinculantes sobre transparencia y acceso a la información.
Las organizaciones consideran que esta medida reduce espacios de supervisión ciudadana e inhibe el debate técnico sobre las decisiones públicas.
Cambios en obligaciones de partidos y dependencias
La propuesta además elimina obligaciones de transparencia para partidos políticos en materia financiera y fiscal.
Otro de los puntos criticados es la posibilidad de ampliar al doble los plazos de respuesta a solicitudes de información pública.
La iniciativa también suprime mecanismos mediante los cuales otras dependencias o poderes podían atraer recursos de revisión para combatir negativas de información.
Reforma alineada con cambios nacionales
La propuesta enviada por Rocha Moya forma parte del nuevo escenario nacional derivado de la reforma federal en materia de transparencia que eliminó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y a los 32 organismos garantes locales.
Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que el proyecto de Sinaloa va más allá de los cambios impulsados a nivel federal y reduce todavía más las posibilidades de acceso a información pública.
Para los colectivos, el nuevo esquema podría convertirse en un mecanismo que dificulte el conocimiento ciudadano sobre posibles casos de corrupción o vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
Contexto y consecuencias
La discusión de esta reforma ocurre mientras Sinaloa enfrenta una fuerte presión política y judicial derivada de las investigaciones abiertas en Estados Unidos y México contra funcionarios estatales.
Especialistas y organizaciones civiles advierten que la ampliación de reservas de información y la reducción de mecanismos de supervisión podrían afectar la capacidad ciudadana para vigilar el uso de recursos públicos y conocer el avance de investigaciones oficiales.
El debate también refleja el impacto de la desaparición de organismos autónomos de transparencia en el país y el nuevo modelo de control de información impulsado desde distintos gobiernos estatales.
Hasta ahora, el Congreso de Sinaloa mantiene el análisis de la iniciativa enviada por Rubén Rocha Moya, mientras organizaciones civiles continúan presionando para que se abra una discusión pública más amplia y se reconsideren los puntos que consideran regresivos para el acceso a la información.
